¡Suicidio! ¡Eutanasia! ¡Constitucion!

Dentro del marco constitucional establecido en nuestro país, la vida debe ser protegida hasta donde sea posible por el estado, y por lo tanto nuestra política hacia la vida, en principio debería ser garantista de la misma y sobre protectora, no por nada garantizamos el derecho a la salud y el trabajo, pilares de una vida digna.

Aun así, debemos cuestionarnos el derecho a la autodeterminación y libertad personal de cada individuo, es claro que todos formamos una comunidad, y al ser parte de la misma, tenemos un deber social por así decirlo, somos una pieza del engranaje, necesaria para el funcionamiento de la maquina que llamamos estado, la cuestión a valorar desde mi apreciación general, es la utilidad de ese miembro para la sociedad y su condición personal.

Nos dice el escritor británico Gilbert Keith Chesterton, “El suicida es el antípoda del mártir. El mártir es un hombre que se preocupa a tal punto por lo ajeno, que olvida su propia existencia. El suicida se preocupa tan poco de todo lo que no sea él mismo, que desea el aniquilamiento general”, con esto lo que quiero decir es que el que intente suicidarse posiblemente sea anti comuna, pues el suicidio no es parte de la conducta humana civilizada esperada (esto claro, en el caso del suicidio, cuando existen otras posibilidades o soluciones).

Considero que se debe valorar el suicidio en varias situaciones, y establecer por separado el derecho a la eutanasia, pues el dolor en una enfermedad ya establecida como terminal, es tan profundo que es parte de nuestra “humanidad”, el aliviar ese dolor y permitir la muerte asistida.

Aun así de que estoy deacuerdo con la eutanasia en casos especiales, es mi criterio de que los falsos suicidios, o las simulaciones, deberían ser penadas por la ley, en el sentido de que es un gasto para el estado el tener que lidiar con personas que solo quieren llamar la atención, en ese caso en particular se podrían establecer penas pecuniarias o incluso de cárcel.

Cuando un intento de suicidio no es consumado pero si existía una intención verdadera de cometerlo, el estado debe tomar las medidas preventivas, incluso la privación de la libertad en un centro especializado para evitar este tipo de conductas, así logrando el objetivo principal que es la preservación de la vida.